miércoles, 28 de febrero de 2018

Desigualdades en salud. Equidad en todas las políticas. Equidad y edad de jubilación

El artículo que recomendamos para su lectura nos plantea una reflexión novedosa, desde la perspectiva de la equidad, a incorporar en el debate en torno al incremento de la edad de jubilación.

Martín U, et al. Desigualdades sociales en salud en población mayor: una aportación desde la salud pública al debate sobre el retraso de la edad de jubilación en Espana. Gac Sanit. 2017. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.10.010

El estudio tiene como objetivo analizar las desigualdades en la esperanza de vida según el nivel educativo en la población española de 65 y más años e incluye la variable de género.

Reformas de los sistemas de pensiones en Europa
Es conocido que el incremento de la esperanza de vida ha justificado que la mayoría de países europeos hayan tomado medidas para reestructurar sus sistemas de pensiones, en forma de aumento de la edad de jubilación. Reformas que pueden tener un importante impacto social y justificarlas a partir del mero aumento de la esperanza de vida sería cuestionable por dos razones: En primer lugar, la esperanza de vida está estrechamente relacionada con la posición socioeconómica, y por tanto el aumento de la edad de jubilación puede afectar desproporcionadamente a los colectivos más desfavorecidos.
En segundo lugar, un incremento de la esperanza de vida no equivale necesariamente a un aumento de los años con capacidad para trabajar. Por ello, plantean la necesidad de contar con medidas que como las esperanzas de salud integran tanto la mortalidad como el estado de salud en un único indicador

Desigualdades en salud en la población, mayor estudios internacionales y el caso de España
Los autores afirman que diversos estudios internacionales han mostrado las desigualdades sociales en la mortalidad y el estado de salud en la población mayor de 65 años. Sin embargo, en el caso de España, si bien se ha observado un claro gradiente social en la salud de la población general, el conocimiento sobre las desigualdades en salud en la población mayor es menor.

Resultados del estudio
Los autores sostienen que su estudio añade a la literatura conocida la confirmación de que en la población española de 65 y más años de edad existen importantes desigualdades según el nivel de estudios en la cantidad y calidad de años que se espera vivir. Desigualdades que tiene un perfil diferenciado en el caso de las mujeres.
Entre las personas mayores de 65 y más años, tener menor nivel de estudios supuso vivir menos años totales y con buena salud, y un mayor número de años con mala salud. Las mujeres esperaron vivir más años, pero con una proporción mayor de ellos con mala salud
La esperanza de vida aumentó a medida que lo hizo el nivel de estudios, pasando de 18,2 años en los hombres y 22,4 en las mujeres con estudios primarios a 20,4 en los hombres y 24,7 en las mujeres con estudios universitarios. En relación a los años que se esperaba vivir con buena salud disminuyó de 12,53 en los hombres y 13,54 en las mujeres con estudios universitarios a 7,97 en los hombres y 6,73 en las mujeres con estudios primarios. Una diferencia entre extremos absoluta de 4,56 años para los hombres y 6,81 para las mujeres.

Discusión: ¿Consolidar las desigualdades sociales hasta el final de la vida debe cuestionarse?

Los autores afirman que el incremento de la edad de jubilación y constada la desigualdad en salud por gradiente social en mayores de 65 años ya puede estar generando desigualdades y favoreciendo a las personas con mayor nivel socioeconómico.
Si el incremento en la esperanza de vida ha justificado el retraso en la edad de jubilación, cabe preguntarse si 6 años de diferencia entre niveles de estudios en la esperanza de vida con buena salud justificarían que la edad de jubilación pasara a calcularse matizada por variables como el nivel educativo, la clase social e incluso el sexo.
Los autores concluyen que los resultados obtenidos aportan un conocimiento valioso que permite introducir la variable equidad en el debate en torno al incremento de la edad de jubilación y defienden la labor de abogacía que debe realizar la salud pública también en la política de pensiones.


En todo caso pensamos que los autores plantean elementos importantes para el debate igualdad/equidad en los sistemas de pensiones.

M. José Mendoza García.

martes, 6 de febrero de 2018

Sanidad entre Rejas


Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la población reclusa o privada de libertad en España en 2016 era de 61.423 personas. Dicha población tiene características especiales de salud  por su alta  prevalencia de enfermedades como la Tuberculosis (12 casos/100.000 hab. en la población general y 15 veces más entre reclusos), el virus del SIDA (0.27% versus 7.6%) o el de la Hepatitis C (1.7% versus 19%).  Además se estima que del 40 al 60% sufren trastornos mentales y de personalidad (de ellos, un 8% enfermedades mentales graves) y, el 70% de estos, patología dual, es decir, la coexistencia de un trastorno por abuso de sustancias psicoactivas con otras enfermedades psiquiátricas. Es muy importante encontrar y tratar ambas patologías ya que la conflictividad puede ser la expresión de un trastorno mental no tratado. Si no se trata, empeora, y puede llegar a situaciones explosivas con agresividad y ser causa de mala integración y reincidencia en la conflictividad. Dejamos al margen el debate sobre la responsabilidad penal de un recluso con trastorno mental no diagnosticado.

 La Sanidad Penitenciaria en el territorio español es competencia del Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con las excepciones de Cataluña y País Vasco donde las competencias se transfirieron en 2010 y 2011 respectivamente. En lo sucesivo nos referimos a la Sanidad Penitenciaria no transferida.

Los establecimientos penitenciarios cuentan con un equipo sanitario de Atención Primaria que está integrado, al menos, por un Médico General, un diplomado en Enfermería y un Auxiliar de Enfermería. De forma periódica acuden al centro  un Psiquiatra, un Odontólogo y un Médico Internista. El equipo de Atención Primaria está formado por funcionarios del Ministerio de Interior. En cambio, la Atención Especializada  depende de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y se rige por convenios con algunos Centros de Especialidades y Hospitales, con salidas y estancias custodiadas. Desde 2015, la Secretaría de Instituciones Penitenciarias paga facturas de la Atención Especializada y hospitalaria de los reclusos sin nacionalidad española, por entender que un recluso español tiene cubierta esta asistencia por el Sistema Sanitario.

Dada esta organización, en la atención sanitaria a las personas privadas de libertad se producen múltiples deficiencias derivadas no solo de los pocos recursos destinados a este menester, sino también y principalmente porque la red  sanitaria penitenciaria está aislada del resto del sistema sanitario. Cuando un recluso entra en prisión, el médico penitenciario no tiene acceso a su historial clínico porque no hay conexión entre las Instituciones Penitenciarias y el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, las personas privadas de libertad que salen de prisión, lo hacen  sin informes médicos después de su estancia allí: su Médico de Cabecera desconoce enfermedades que ha padecido, tratamientos y vacunas administrados, y también si se tiene que hacer seguimiento de alguna de ellas. Los programas de salud son interrumpidos por esa falta de comunicación. La mayoría de las veces las actividades preventivas no se llevan a cabo y muchas interconsultas con especialistas se pierden por cambio de establecimiento penitenciario sin  previo aviso.

Se han denunciado restricciones al acceso de algún medicamento u obligación de obtener un visado para disponer de ciertos fármacos que no forman parte del  listado que el Ministerio de Interior financia. Esto ha ocurrido con el tratamiento de la Hepatitis C y, mientras se resuelve el litigio, es financiado por la sanidad de cada Autonomía.

 Todo ello se hace especialmente difícil para los enfermos mentales pues sufren más deterioro de su  enfermedad en el centro penitenciario, y cuando salen, muchos quedan abandonados sin tratamiento ya que  no se contacta con los servicios de salud mental externos.

Los Médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados en su trabajo por criterios presupuestarios, de seguridad y de orden regimental y no por los de salud. Es decir, un Médico tiene que obedecer a un superior jerárquico no sanitario y priorizar este deber de obediencia antes que a las cuestiones deontológicas de la profesión médica.

Desde hace muchos años, estos profesionales, se quejan de esta situación y de no poder hacer actividad investigadora ni epidemiológica adecuada, de disponer de un arsenal farmacoterapéutico obsoleto y limitado, requiriendo la intervención judicial para ser modificado en algunos casos. También acusan la falta de psicólogos, siendo que es tan alta la prevalencia de trastornos mentales.

Por todo lo anterior vemos que se vulneran los principios recogidos en:

-        La Constitución Española de 1978, en sus artículos 14, 25 y 43, que hablan de la igualdad de derechos de los españoles sin discriminación.
-        La Ley General de Sanidad de 1986 que expresa el derecho a la atención a la salud de todos los españoles.
-        La Ley 10/2014 de la Generalitat,  de Salud de la Comunidad Valenciana.
-         Y el Reglamento Penitenciario del Real Decreto 190/1996, en su artículo 208 que contempla que, a todos los presos sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.

Tras años de reivindicaciones, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán trasferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”, dando un plazo de 18 meses para realizar la transferencia. Esta Ley pretende garantizar  la equidad y la calidad  de la atención sanitaria a las personas reclusas por ser un derecho fundamental. Después de 14 años, solo las Comunidades del País Vasco y Cataluña han asumido estas competencias. En Abril de 2017, el Ministerio del Interior instó de nuevo a las Comunidades Autónomas a hacer efectiva la transferencia.

En cuanto a la Comunidad Valenciana hay unos 6.500 reclusos, el 91% hombres. Según un estudio del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP), la sanidad penitenciaria valenciana cuesta unos 15 millones de euros al año. Aunque informatizar este servicio supondría una inversión extra, esta cifra es solo un 0.2% del presupuesto anual de la sanidad valenciana (5.482 millones en 2015) por lo que asumir la  transferencia es solo  cuestión de voluntad política.

Esta situación de incumplimiento legislativo y falta de equidad ha sido denunciada por el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, la Defensora del Pueblo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Síndic de Greuges, los Grupos Parlamentarios, etc. Todos  defienden la integración, que  la sanidad penitenciaria no debe ser distinta a la sanidad pública y que la atención integral a la persona privada de libertad  es  un derecho igual que el de la persona que goza de libertad. El cumplimento de la legislación y el respeto de este derecho conseguirá  que el sistema sanitario  penitenciario deje de ser una isla en el Sistema Sanitario Español  y que la atención a estos pacientes sea justa y equitativa.


Bibliografía:
-        Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans de la Universitat de Barcelona.
-        Análisis de la Transferencia de la Sanidad Penitenciaria. SPSP (Sindicato profesional de Sanidad Penitenciaria). 2016.
-        BOE 30 junio 2011
-        Constitución Española
-        Contestación del Sindic de Greuges de la C. Valenciana a la Queja nº 070310 del Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria en forma de Carta al Sr Conseller de Sanitat en 2008.
-        Documento de Consenso para el control de la Tuberculosis en las prisiones españolas. 2009.  SESP, SEPAR, SEIMC, Subdirección General de sanidad penitenciaria y Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.
-        Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía


 Pilar Sánchez.
Mª Dolors Padrell.








lunes, 15 de enero de 2018

VIVIR EN LA CALLE...

Cada seis días muere una persona sin hogar en España. Dormir y vivir en la calle tiene un componente de violencia estructural, que además se ve agravado por la violencia directa de la que en muchas ocasiones las personas sin hogar son objeto. Con motivo de la celebración del Día de las Personas sin Hogar, el domingo, 26 de noviembre, y bajo el lema “Somos personas. Tenemos derechos” se realizaron diferentes actos los días 23 y 24 en Elx, Gandia y València, y entre el jueves 23 y el martes 28 en Castellón para visibilizar la situación de las personas sin hogar en nuestro territorio y reivindicar sus derechos como personas en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. En la actualidad, se calcula que son 40.000 las personas en situación de sin hogar que viven en España (23.000 atendidas en centros asistenciales y de restauración según datos de la Fundació Arrels) y unas 400.000 en toda Europa. La situación de sin hogar no afecta solo a quienes viven en la calle, sino a todas las personas que se encuentran en una situación de exclusión residencial. En nuestro país, son pocos los estudios existentes y poco generalizables. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las personas atendidas en los centros que ofrecen alojamiento o restauración son difícilmente extrapolables a toda la población que está sin hogar. De este modo, la información disponible para el conjunto de España divide la población sin hogar en una parte visible y mayoritaria, vinculada a centros de alojamiento y restauración, y otra parte más reducida y desconocida, que pernocta en espacios inadecuados y se encuentra en peores condiciones de vida. De hecho, otra fuente para conocer el total de personas sin hogar son los llamados recuentos nocturnos organizados en distintas ciudades. Además, existen aún grandes incertidumbres sobre las razones por las que las personas llegan a quedarse sin vivienda y por las que no se alojan en los centros que ofrecen las instituciones. Todo ello apunta a la necesidad de avanzar en el conocimiento del fenómeno para que se pueda formar un diagnóstico global e integral. 

ALGUNOS CONCEPTOS

 La palabra sinhogarismo es, hoy por hoy, un sustantivo escasamente utilizado no solo en los medios de comunicación, sino también entre la mayor parte de la sociedad. Si bien no hay un concepto universal estandarizado de persona sin hogar, en Europa existe un amplio consenso, aunque no oficial, en usar la categorización denominada ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion), propuesta por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA en sus siglas en inglés). La clave de dicha categoría es la exclusión de vivienda digna, en base a la cual identifica a cuatro tipos generales:

  • Personas sin alojamiento (“roofless” o sin techo): viven a la intemperie o en alojamientos de emergencia como albergues donde sólo puenden pernoctar temporalmente. 
  • Personas sin vivienda (“houseless”): viven durante intérvalos cortos en alojamientos para personas sin techo. Personas con viviendas inseguras: viven en alojamientos inseguros por peligro de desahucio o de violencia por las personas con quienes conviven. 
  • Personas con viviendas inadecuadas: viven en alojamientos móviles (que no son vivienda habitual), construcciones que no constituyen viviendas convencionales o estructuras semitemporales (chabolas o cabañas) y sin acceso a los suministros públicos -como los de agua, electricidad o gas- o viven en situaciones de superpoblación extrema. 
 En todos estos perfiles encontramos características comunes y cambiar de un grupo a otro puede ser posible en cualquier momento cuando una persona se encuentra dentro de la exclusión social residencial.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

En cuanto al perfil de las personas sin hogar, éste abarca tanto a varones con problemas laborales o de adicciones sin red social de apoyo, como a mujeres jóvenes y de edad intermedia separadas o divorciadas o que han sufrido malos tratos, así como a personas inmigrantes, a varones jóvenes ex tutelados que se quedan en la calle o a personas que padecen algún problema de salud mental. Según el documento Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 (aprobada en consejo de ministros en noviembre de 2015) se observan en los últimos años, según el INE, algunos cambios destacables:

  1. Aumenta el número total de personas sin hogar en España así como el número de personas que pernocta en espacios públicos. 
  2. Hay más jóvenes y más mayores sin hogar: aumenta el número de personas jóvenes en la calle y también los mayores de 45 años sin hogar. Según datos de Cruz Roja, más de dos tercios (el 68%) tienen entre 25 y 49 años. La media de edad es de 40 años pero hay un 2,7% que tiene 80 años o más. 
  3. Aumenta la proporción de mujeres sin hogar especialmente entre los jóvenes. 
  4. Hay menor presencia de ciudadanos europeos entre el contingente de extranjeros sin hogar y un aumento de los no europeos. 
  5.  Aumenta el sinhogarismo por impagos, pérdida de vivienda y desempleo. Se detecta una mayor cronificación de las situaciones de sinhogarismo y de la búsqueda de empleo. 
  6. Fuentes de ingresos: la encuesta del INE recoge que aumentó en más del 97% el número de PSH que carecen de cualquier tipo ingreso (ni tan sólo prestaciones sociales ni ayudas de ningún tipo). Por otra parte, aumentaron el 80% las ayudas proporcionadas por las ONG.
  7. Destaca una tendencia a un mayor uso de pisos y pensiones en relación a quienes solicitan acudir a dormir en albergues. Situación sanitaria de las personas sin hogar: según distintos estudios, la esperanza de vida de las personas sin hogar está entre 42-52 años aproximadamente, 30 años menos que la población general. Las mujeres sin hogar jóvenes tienen una mortalidad prematura mucho más alta respecto al resto de los subgrupos y por encima de cuatro veces mayor que la población general. Su exposición a incidentes directa o indirectamente letales es muy alta. Las muertes suceden a lo largo de todo el año, no sólo vinculado al frío del invierno. Las muertes prematuras de personas sin hogar están principalmente asociadas a cuadros médicos crónicos más que a enfermedades mentales o abuso de sustancias. No obstante, hay un cuadro trimórbido que multiplica el riesgo de mortalidad precoz: abuso de sustancias, enfermedad mental y enfermedad crónica. 
  8.  Personas sin hogar más familiares: según datos de Cruz Roja, el 52,8% de las personas están solteras y el 30,4% están casadas o viven en pareja y el 67% tiene hijos (el 28,4% tiene 1 frente al 20,5 que tiene 2 y el 18,1% que tiene 3 o más). 
  9. Personas sin hogar con rasgos demográficos cada vez más similares a cualquier persona “integrada” en la sociedad: según Cruz Roja, la mayoría tiene estudios primarios o secundarios. Hay un 7% con estudios universitarios. 
  10. Mejora la valoración subjetiva de los servicios para PSH, habiendo mayor contacto con profesionales sociales en pisos y pensiones y menor entre quienes pernoctan en calle. 
  11. Se observa una mayor tendencia a más agresiones y delitos contra personas sin hogar, especialmente jóvenes y mujeres. 
  12. Se aprecian mejoras en las dotaciones de los municipios de más de 50.000 habitantes y un estancamiento o empeoramiento en municipios de menos habitantes. 
 A pesar de todo, siguen circulando rumores y estereotipos negativos en contra de la población en situación de sinhogarismo entre la población general, que dificultan una visión normalizadora y menos arquetípica de su realidad.

ALGUNOS MITOS RESPECTO A LAS PERSONAS SIN HOGAR

  1.  “Están así porque quieren” .“No quieren trabajar”. Gran parte de estas personas han trabajado, querrían trabajar e, incluso, trabajan.Algunas perdieron su empleo y tienen dificultades para encontrar otro, a veces simplemente porque no tienen una formación deseable en un mercado laboral cada día más exigente y supone un gran esfuerzo para ellas superar ese obstáculo a pesar de que se puedan poner recursos a su alcance desde la Administración Pública o desde la empresa privada. Otras, son víctimas de la explotación o trabajan en la economía sumergida para poder subsistir. “La pobreza no tiene solución, siempre habrá personas en la calle”. A pesar del incremento del número de personas sin hogar en gran parte del continente europeo, hay países, como Finlandia, donde no hay personas durmiendo en la calle gracias a políticas públicas elaboradas para la consecución de estrategias de abordaje integral. 
  2.  “Deben atenderse las urgencias principalmente en invierno”. Existen factores de vulnerabilidad durante todo el año (deshidratación, periodos de convalecencia que tendrían que hacerse bajo techo, etcétera). “La solución al sinhogarismo son los albergues… y no quieren acudir a ellos’’. 
  3. “Al menos tienen lo que la gente les da... la solución depende de la caridad y de la solidaridad de la gente”. Los albergues forman parte de un modelo que ya se encuentra en proceso de regresión. Los países más avanzados en materia social sustituyen este tipo de alojamiento por vivienda social y apoyo a largo plazo . Y es que, a menudo, los albergues no responden a la demanda y a los deseos de la persona atendida. Hay que comprender que las personas en situación de sinhogarismo tienen derecho a una vivienda digna, a tener su propio hogar como cualquier miembro de la sociedad, sean cuales sean los recursos de los que disponen. Es imprescindible afrontar la situación para encontrar soluciones desde los propios derechos de la persona, más allá de la caridad y la solidaridad. No se puede obligar a nadie a salir de la calle por cuestión de derechos, pero tampoco se puede privar a nadie de los derechos básicos a los que a menudo solo se puede acceder si se muestra favorable a la adhesión a un programa social (de vivienda, laboral, alimentario, etcétera). Es justo ahí donde entra en juego el apoyo de los expertos, si se requiere y es posible, para favorecer la reinserción social evitando juicios de valor y respetando la dignidad de las personas. 
  4.  “Ensucian la ciudad y generan problemas de incivismo”. Este tipo de afirmaciones se proyectan desde el punto de vista de quien tiene todo lo que se considera necesario para una vida digna. Habría que esforzarse en comprender que existen y se sufren otras realidades y que vivir en la calle supone no disponer de los espacios propios de un hogar. Estas personas no tienen más remedio que realizar en el espacio público, con el riesgo de ser sancionadas, las actividades que normalmente se hacen bajo la privacidad de un hogar . Por tanto, es inevitable que la circulación de personas en cualquier población genere usos molestos en los espacios públicos. 
  5.  “Solo hay hombres en la calle”. “Todos son alcohólicos y toxicómanos que se lo han buscado”. Se ha incrementado el número de mujeres sin hogar en los últimos años, como ya hemos abordado anteriormente. Es cierto que se mantiene el dilema sobre qué es consecuencia y qué es causa: la situación de sinhogarismo o las enfermedades adictivas o mentales. Sin embargo, lo que es innegable es que el sinhogarismo es un fenómeno multicausal. Por tanto, el estigma del alcoholismo o las toxicomanías y de las enfermedades mentales se reduce a un segundo plano al observar que, con la crisis económica y los conflictos sociales que generan los movimientos migratorios, se ha producido un incremento del sinhogarismo en la mayor parte de Europa. 
 Ante esta problemática cabe señalar la conveniencia de tratar el sinhogarismo como un fenómeno multicausal y no focalizar la información únicamente en las personas que lo sufren. Se impone desarrollar campañas dirigidas tanto a la población general como a profesionales sanitarios, para evitar la estigmatización de estos colectivos. Sería necesario buscar soluciones que impliquen actuaciones multiprofesionales para garantizar un abordaje integral de este fenómeno. Hablamos de estrategias que pasen por eliminar barreras de acceso a servicios y prestaciones sociales y sanitarias, por escuchar a las personas expertas y por dar voz a las personas sin hogar, evitando una mirada paternalista y compasiva.

Porque VIVIR EN LA CALLE… MATA.

La justicia social es una cuestión de vida o muerte. El modo en que vive la gente condiciona la probabilidad de enfermar y el riesgo de morir de forma prematura.
¿Y qué puede hacer un médico de familia al respecto? Tradicionalmente, la sociedad ha esperado del sector sanitario que se ocupe de las cuestiones que afectan a la salud y a las enfermedades. Sin embargo, ya en 2009, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS hizo un llamamiento para que se subsanaran las desigualdades sanitarias en la población mundial en el lapso de una generación. Para ello, es imprescindible medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Así, cobran cada vez más sentido medidas como la incentivación (a través de los acuerdos de gestión) del registro en la historia clínica electrónica de la condición de sinhogarismo. De la misma forma, sería recomendable que se registraran otros determinantes sociales que repecuten en la salud de la población. Se trata de destacarlos como problemas de salud y de que aparezcan en forma de «alerta» como las alergias ó la condición de fragilidad.

OTRA VISIÓN ES POSIBLE y puede ser una buena opción empezar a actuar desde las historias clínicas de atención primaria.

 BIBLIOGRAFÍA

  1. Informe sobre la vulnerabilidad social 2014 de Cruz Roja Española.
  2. Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 (Gobierno de España).
  3. Guía de estilo sobre sinhogarismo. Podrías ser tú. Xarxa d´atenció a persones sense llar Barcelona.
  4. Avanzando hacia la equidad Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las desigualdades Sociales en salud en España (INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2015 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD).
  5. “La salud de las personas en situación de sin hogar acompañadas” por Cáritas. Informe del año 2013.
  6. Subsanar las desigualdades en una generación (resumen analítico del informe final). Comisión de de determnantes sociales de la salud de la O.M.S. 2009.
Ariadna Cucó Alberola. Metgessa de Família. Centre de Salut La Fàbrica. Alcoi.

miércoles, 10 de enero de 2018

Sobre el Derecho a la Atención Sanitaria Universal

Como Grupo de Tercer y Cuarto Mundo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria nos parece importante, oportuno y pertinente dar a conocer el comunicado que la Junta Directiva de la Sociedad ha publicado en respuesta a la última sentencia del Tribunal Constitucional que anula el DL 3/2015 del Gobierno Valenciano.

Comunicado de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria ante el Derecho a la Atención Sanitaria Universal.
Por una Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad.

Ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley 3/2015 del Gobierno Valenciano que paliaba los efectos de la expulsión del sistema sanitario público de unos 80.000 residentes en la Comunidad Valenciana, la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria quiere expresar su desacuerdo con dicha sentencia y mostrar su indignación por la falta de sentido común y de sensibilidad que supone mantener vigente por parte del Gobierno del Partido Popular, el Real Decreto 16/2012 que es el origen del problema, puesto que su aplicación supuso el fin del derecho a la atención sanitaria universal en nuestro país.
Lo dijimos en el año 2012 y lo repetimos cinco años después. El Gobierno del Partido Popular debe rectificar para que el derecho al acceso a la Sanidad Pública vuelva a estar vigente en toda España. 
No puede esconderse tras excusas que resultan insostenibles tanto desde el punto de vista económico, como médico, como del respeto a los derechos humanos. 
Hasta ahora han mirado hacia otra parte, hacia las Comunidades Autónomas, que les han ido resolviendo el problema de la exclusión. 
Ya está bien. Es hora de que asuman su responsabilidad.
Y si ustedes no saben hacerlo, no lo han hecho en cinco años, por favor, al menos dejen que otros lo hagan.
No recurran las medidas que acertadamente otros Gobiernos, como en este caso el de la Comunidad Valenciana, habían adoptado. Déjennos solucionar nuestros problemas.
Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, exigimos que el Gobierno del Estado  solucione definitivamente este grave problema, que no sólo afecta a las personas excluidas, sino que supone un problema para la Salud Pública y por tanto para todos los residentes en España. Al menos la Ministra de Sanidad, si sus compañeros de Gobiernos no lo saben, debería saber que los virus, las bacterias, no distinguen entre personas con derecho a la asistencia sanitaria y quienes no lo tienen. Y las demás enfermedades, tampoco.
Hacer estas discriminaciones es muy injusto, pero es que además es ineficiente.
Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria queremos una Sanidad Pública, Universal, Gratuita y de Calidad, que  para ser eficaz y eficiente necesita una Atención Primaria fuerte y correctamente financiada. 
Junta Permanente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

jueves, 30 de noviembre de 2017

Impacte de la crisi econòmica en la salut mental en la població de Castelló de la Plana

A pesar de que dins del programa de formació dels residents de la Unitat Docent de Castelló no està inclòs l’abordament dels determinants socials de la salut, aquest sí que és un tema que inquieta a alguns dels residents. És el cas de Carlos Navarro, Mariona Herrera, Beatriz Guarc i Cristina Monzó. Els dos primers van acabar el passat mes de maig l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària en el centre de salut de Rafalafena i les dos últimes en el centre de salut de Pintor Sorolla.

Durant l’últim any de residència tots els residents d’aquesta especialitat han d’elaborar un treball d’investigació. Normalment els residents solen escollir temes més mèdics i relacionats amb les patologies més prevalents en atenció primària, però aquests residents tenen altres inquietuts i estan interessats en temes polítics i econòmics. Els va cridar l’atenció en la seua pràctica diària la quantitat de pacients que acudixen a les consultes d’atenció primària i d’atenció continuada que presenten símptomes psicosomàtics i l’augment en els últims anys de la prescripció d’ansiolítics i hipnòtics i van pensar que això podia tindre una relació amb factors psicosocials.

Abans de fer el treball van fer una recerca per revisar treballs previs sobre temes similars i no van trobar cap en la Comunitat Valenciana. No van trobar tampoc registre en l’ajuntament ni en els padrons que analitzara els factors socioeconòmics.

El treball d’investigació que van elaborar és un estudi transversal i ecològic que recull dades de nou centres de salut de la població de Castelló en els anys 2009, 2012, 2016. Als pacients que acudien per qualsevol motiu a algun dels centres de salut de Castelló se’ls donava una enquesta on es valoraven diferents variables com els ingressos, la vivenda i la relació de la salut amb la situació de crisi. Es van basar en les dades del programa "Alumbra" on estan codificades les patologies de tots els pacients, i van intentar relacionar els diagnòstics de lumbàlgia, insomni i trastorn depressiu amb les dades socioeconòmiques. Per una altra part van analitzar l’evolució de la duració de les baixes laborals i el número d’interconsultes a la unitat de salut mental durant aquests anys.

Es van entregar un total de 4000 enquestes, de les quals només van poder analitzar 500 que estaven ben emplenades. En tots els centres de salut de Castelló - excepte en el centre de salut de San Agustín-  es van obtenir resultats similars:
 - Apareix un augment progressiu de la prevalència de la lumbàlgia, l’insomni i la depressió comparant les dades de 2009, 2012 i 2016.
 - Respecte a la duració de les baixes laborals, es veu una disminució en 2012 comparant amb les dades de 2009 que torna a augmentar en 2016 superant els valors de 2009. Analitzen aquest resultat com una possible disminució en l’any 2012 degut a l’augment de l’atur per la crisi.
- Les interconsultes a les unitats de salut mental han anant incrementant-se des de l’any 2009 fins al 2016.
- En tots els centres de salut hi ha al voltant d’un terç dels pacients que cobren menys de 500 euros mensuals. En tres centres perifèrics que cobrixen a població més marginal aquestes xifres arriben al 40- 60% de la població, i també en aquests centres hi ha un percentatge més alt de persones que només tenen estudis primaris.

Una de les dificultats que han tingut a l’hora de fer aquest treball ha sigut que no hi ha cap observatori on es recullen dades sociosanitàries de la població.

Després de la valoració dels resultats aquests quatre metges pensen que s’hauria de fer un estudi més a fons conjuntament amb l’Ajuntament de Castelló per a que es faça un mapa sanitari i es destinen més recursos per poder millorar les necessitats psicosocials i per extensió la salut de la població de Castelló. També pensen que des de la unitat docent i durant el rotatori per els centres de salut s’hauria de formar als residents per que puguen ser capaços de plantejar-se quant de importants són els determinants socials i com influeixen en la salut de la població i per a que pugen fer un millor abordatge en les consultes.


Magaly Martinavarro i Blocona
MFiC
Centre de Salut d'Onda.

lunes, 27 de noviembre de 2017

[TALLER] CONGRESO SOVAMFIC

¡Muchísimas gracias a todas por haber elegido compartir con nosotros un rato de vuestro tiempo el pasado viernes! Aquí tenéis opción de visualizar el material que utilizamos, así como revisar el resto de actividades
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viernes, 6 de octubre de 2017

Aporofobia

Lux es una mujer nigeriana sin permiso de residencia que ejerce la prostitución en el barrio chino de Valencia, no tiene empadronamiento ni pasaporte en regla, cuando tiene un problema de salud, acude a una ONG socio-sanitaria para recibir atención médica.  Está atemorizada con acudir a un Centro de Salud por si le cobran la atención y no tener dinero para pagarla, además  de que sea una manera de tenerla “registrada” y  expulsarla de nuestro país. Lux es un ejemplo de aporofobia.

El término “aporofobia” acuñado por Adela Cortina (Catedrática de ‘‘Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia”) hace más de 20 años, hace referencia, tal y como recoge su libro  “Aporofobia, el rechazo al pobre”. “Dícese del odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado”( Del griego á-poros ( pobre) y fobéo( espantarse).

Es, ciertamente una expresión que no existe en otras lenguas  y aún no está introducido en la Real Academia Española de la Lengua.

Sin embargo, si que aparece en la Wikipedia y es ampliamente utilizada por asociaciones que trabajan en proyectos de exclusión social, como la Fundación RAIS que hace uso de él para explicar las situaciones de violencia ejercidas contra las personas sin hogar e, incluso, el Ministerio del Interior lo utiliza para tipificar un delito de ofensa a los pobres.

Existe  el repudio de la xenofobia y el racismo, de la hostilidad  hacia el “xenos” hacia el extranjero, o hacia el que es de otra raza;  pero nunca se habla de la repugnancia ante el “ áporos”, ante el sin recursos, ante el que parece que no puede ofrecer nada interesante a cambio. Y, sin embargo, ése es el que molesta, es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, razas y etnias habitualmente sin recursos.

No repugnan los árabes de la Costa del Sol, ni los alemanes y británicos dueños de la mitad del Mediterráneo, sólo nos repugnan los desamparados y pobres que son totalmente vulnerables y  que no aportan en la economía social.

Y es que es el pobre el que molesta, el sin recursos, el desamparado, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB del país al que llega o en el que vive desde antiguo, el que, aparentemente al menos, no traerá más que complicaciones. De él cuentan los desaprensivos que engrosará los costes de la sanidad pública, quitará trabajo a los autóctonos, es un potencial terrorista, traerá valores muy sospechosos y removerá, sin duda, el “estar bien” de nuestras sociedades, en las que indudablemente hay  pobreza y desigualdad, pero incomparablemente menor que las que sufren quienes huyen de las guerras y miseria. 


Adela Cortina aclara que la “aporofobia” no sólo se limita a la persona en situación de pobreza económica, sino a toda persona que esté en situación de vulnerabilidad.  Hay que tener una sensibilidad muy grande para ver quién es el desprotegido, el vulnerable, ya que no en todas las situaciones es evidente.

Detrás de la xenofobia que invade Europa y Estados Unidos, hay un sentimiento de aversión, de rechazo al pobre. Lo que molesta primero de los inmigrantes y luego de los refugiados, no es que sean extranjeros, sino que sean pobres. Todas las fobias- homofobia, islamofobia, xenofobia- son patologías sociales que se expresan en forma de odio al diferente, pero esta llega enmascarada por el rechazo al pobre. Esta expresión nos hace reflexionar sobre un sentimiento muy arraigado que, convenientemente manipulado con fines electoralistas, se ha convertido en un problema político y un desafio para la democracia.

“Donald Trump ganó las elecciones con un discurso “aporófobo” no xenófobo. No atacaba a los extranjeros en general sino a los mexicanos pobres”.

Cortina profundiza en la biología evolutiva para demostrar que la aporofobia está incrustada en nuestro cerebro como una marca de la lucha por la supervivencia como especie. “ Todos los seres humanos somos aporófobos”. Identificarse con el grupo y desconfiar del extraño durante mucho tiempo fue una forma de defenderse de la amenaza de otros grupos tribales. Pero también dentro del propio grupo surge el rechazo al pobre porque rompe las reglas de cohesión interna basadas en dar y recibir. Los pobres no pueden dar , luego nada se espera de ellos.

Esta es la razón por la que los discursos políticos  que apelan a este tipo de emociones, tienen tanta receptividad. Aunque sorprende que este discurso haya crecido tanto y tan rápidamente, cuando hace apenas unos años Europa vivía sus mejores años gracias a unas políticas públicas basadas en principios de solidaridad.
Se puede ahondar en la tendencia a la aporofobia si hay un discurso público que la favorece, una ideología predominantemente neoliberal, que es una reacción frente al Estado de bienestar y sostiene que el pobre es el único culpable de su pobreza.

Cortina considera que hay dos grandes antídotos frente a este tipo de fobias:

1-Reforzar y rehabilitar el Estado social. Reforzar el discurso de la igualdad y del respeto a los derechos económicos y sociales que es el fundamento de la social democracia. Garantizar estos derechos no consiste sólo en aplicar políticas para erradicar la pobreza, sino en disminuir desigualdades.

2- Educación en valores de solidaridad y respeto al diferente.  Educar para la inclusión y la cooperación y no para el conflicto.

Cortina, asegura que existe “un abismo” entre las declaraciones de los organismos públicos y las instituciones y lo que realizan. Por ejemplo en la Declaración de los Derechos Humanos firmada en 1948, que no ha visto su aplicación directa 60 años después. “Declarar es comprometerse”. La Unión Europea y las Naciones Unidas han firmado unas declaraciones que tienen que cumplir. Por una parte estamos hablando de que tenemos unos valores y defendemos unos derechos y a la hora de la verdad, queda muy lejos y justamente los que se quedan fuera de todo este juego son los peor situados.

Todo ello se hace patente en la actual crisis de los refugiados en que el viejo continente “se la está jugando”. Europa tiene una identidad fundada en la hospitalidad, que está incumpliendo. Hay que trabajar a nivel diplomático para que se acaben las guerras y no haya más refugiados, pero mientras tanto, hay que organizar la hospitalidad y el asilo, señas de identidad de Europa.
Europa no ha acogido a los 182.504 refugiados a los que se comprometió hace dos años. La Comisión Europea se fijó el 26 de septiembre de 2017 como fecha límite para acoger a las personas refugiadas y afrontar la crisis humanitaria.
España solo ha cumplido con el 11% de la cuota de reubicaciones y reasentamientos de personas solicitantes de asilo que, tras huir de países en llamas como Siria o Irak, esperan en campos de refugiados en Jordania, Líbano, Turquía, Grecia o Italia, donde reanudar una vida digna no es fácil.

En total, España ha reubicado a 1.279 solicitantes de asilo que llegaron por mar a las costas de Grecia e Italia.
Asimismo, ha reasentado a 701 personas de campos de refugiados de países limítrofes al conflicto sirio: 506 desde el Líbano y 195 desde Turquía.

En estas fechas expira el programa de la Comisión Europea de reubicación y por tanto, dejarán de registrarse nuevos candidatos desde Grecia e Italia.
La Comisión Europea se plantea incluir una nueva propuesta de acogida desde terceros países, como Líbano, Jordania o Turquía para personas que ya tengan el estatus de refugiado.



1- Cortina A,(2017)  Aporofobia , el rechazo al pobre. Editorial Paidós.
2-CEP (2017 , 14 de mayo ) “No es xenofobia, es aporofobia.” www.europapress.es. Derechos humanos.
3-Cortina A. (2000, marzo 7) “Aporofobia”. Articulo de opinión en El País.

4-Sanchez G. (2017, septiembre 25). ”España, entre los Estados que más han incumplido su cuota de refugiados junto a los países del Este”. El diario.es


Inma Rico Salvador.
Médica de Familia.